Áreas de actuación del Ministerio Fiscal
Tres grandes áreas de actuación definen al Ministerio Fiscal. Estas son:
La defensa de la legalidad
El Ministerio Fiscal tendrá la potestad de intervenir para controlar el funcionamiento del poder judicial, para que la justicia se obtenga mediante el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Igualmente, tiene la potestad de intervenir en asuntos vinculados al estado civil de las personas, en materia de menores y entredichos, puede interponer recursos contencioso-administrativos cuando se trata de someter al control jurisdiccional los actos del poder público.
Dentro de esta última categoría hay que destacar el control de su constitucionalidad a través de su cauce más inmediato: el amparo constitucional en defensa de la legalidad, tal y como prescribe el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El ejercicio de la pretensión punitiva del estado
Además de su actuación en otras instancias procesales, en otras jurisdicciones distintas a la penal, El Ministerio Fiscal tiene el monopolio del ejercicio de las acciones penales correspondientes al enjuiciamiento de todos aquellos delitos de acción pública.
Este órgano sería el cauce más importante que el Estado puede utilizar para forzar al cumplimiento de la ley, tanto en función persecutoria como penitenciaria. La utilización de la violencia legítima como práctica de política criminal es un mandato constitucional reservado, entre otros órganos del Estado, al Ministerio Fiscal.
Actuando dentro de los límites de su oficio, el Ministerio Fiscal puede oponerse al enjuiciamiento penal promovido por otros órganos, si lo considera procedente. Estamos en este caso en presencia de una función controladora del funcionamiento de la justicia.
Tiene vocación totalitaria la potestad punitiva del Ministerio Fiscal, su criterio crea el estándar para identificar los límites de la transgresión en más de un sentido. La posibilidad de instruir directamente el procedimiento penal relativo a la responsabilidad penal de los menores da cuenta de ello.
Mantener la jurisdicción
El Ministerio Fiscal es algo así como rector de la legalidad procesal. Para poder garantizar el debido proceso al que todo ciudadano tiene derecho, el Ministerio Fiscal tiene potestades amplias para actuar dentro y fuera del proceso, como en el caso del amparo extraordinario.
De esta forma, puede el Ministerio Fiscal intervenir en la regulación de la Jurisdicción, materia cada vez más compleja. Con ello se evidencia que también tiene la posibilidad de crear el estándar de la legalidad dentro del proceso. No menos importante es la facultad de velar que se cumplan las resoluciones judiciales.