¿Cuándo se declara el concurso de acreedores?
El concurso de acreedores, también conocido como declaración de quiebra o bancarrota, es un proceso legal mediante el cual una empresa o persona física que no puede cumplir con sus obligaciones financieras declara su insolvencia y solicita la intervención de un tribunal para gestionar su situación de deuda. La decisión de declarar el concurso de acreedores se toma en diferentes circunstancias, dependiendo de la legislación de cada país. A continuación, te proporcionaré una descripción general:
En España, el concurso de acreedores se declara cuando una empresa o persona física se encuentra en situación de insolvencia, es decir, cuando es incapaz de cumplir regularmente con sus obligaciones de pago. Según la Ley Concursal española, existen dos tipos de concurso de acreedores:
- Concurso voluntario: Se produce cuando el deudor, es decir, la empresa o persona física, toma la iniciativa de solicitar el concurso ante el juez al constatar su situación de insolvencia. En este caso, el deudor presenta una solicitud de concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil correspondiente, aportando la documentación requerida y justificando su situación financiera.
- Concurso necesario: Se da cuando los acreedores del deudor, es decir, aquellos a quienes se les deben pagos pendientes, solicitan ante el juez la apertura del concurso de acreedores debido a la insolvencia del deudor. Para ello, deben demostrar que existe un impago generalizado y que la empresa o persona física se encuentra en estado de insolvencia.
En ambos casos, la declaración de concurso de acreedores implica que un juez asume el control de los activos y pasivos del deudor y supervisa el proceso de reestructuración o liquidación de la deuda. El objetivo es proteger los intereses de los acreedores y buscar una solución ordenada a las deudas pendientes.
Es importante tener en cuenta que las leyes y los procedimientos relacionados con el concurso de acreedores pueden variar según el país. Por lo tanto, es recomendable buscar asesoramiento legal y específico para comprender los requisitos y las implicaciones legales del proceso en la jurisdicción correspondiente.
El empresario tiene la obligación de solicitar su concurso cuando se encuentre en situación de probabilidad de insolvencia, insolvencia actual o inminente.
En caso de no hacerlo podrá enfrentarse a la declaración de culpabilidad del concurso, que se explica más adelante. Además, sus acreedores podrán iniciar esta solicitud si persiste en no solicitarlo.
En cualquier caso, la Ley Concursal permite solicitarlo desde que «sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, no podrá cumplir regularmente sus obligaciones que venzan en los próximos dos años». Si bien exige que se declare el concurso desde el momento en que resulte imposible «cumplir con las obligaciones regularmente».
El cumplimiento regular puede observarse desde varias perspectivas:
- Económicamente implica que la empresa no pueda pagar sus deudas íntegramente.
- Temporalmente implica que la empresa no pueda satisfacerlas puntualmente.
- Además, se considera que no se puede cumplir regularmente con las obligaciones si para hacerlo hay que recurrir al endeudamiento sistemático. Y ello porque solo se genera una apariencia de solvencia, que puede conducir a una deuda mayor a la inicial a causa de los intereses.
Constatada esta situación, el empresario deberá solicitar el concurso voluntario en plazo de dos meses.
También podrá realizarse la comunicación de inicio de negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración; comunicación que ahora deberá tener un contenido más detallado, y que otorga un plazo de protección de tres meses, prorrogable por otros tres meses más, cuando lo soliciten o aprueben los acreedores que representen más del 50% del pasivo que pueda resultar afectado por el posible plan de reestructuración.