Principios rectores del Derecho público

Principio de legalidad:

Este principio establece que la actuación del Estado debe estar basada en la ley. Significa que todas las acciones y decisiones tomadas por el Estado deben estar respaldadas por una base legal clara y precisa. Los poderes públicos están limitados por la ley y no pueden actuar de manera arbitraria.

El principio de legalidad indica que toda actuación por parte de los poderes públicos debe ser llevada a cabo bajo el amparo de la normativa vigente. En otras palabras, deberá seguir el proceso establecido por la ley y contar con seguridad jurídica. Esto significa que el Estado no puede sobrepasar su competencia, ni establecer órganos a favor de sus pretensiones, puesto que su fin primordial es el interés general de los ciudadanos.

Principio de supremacía constitucional:

Según este principio, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Todas las leyes y actuaciones estatales deben estar en conformidad con los principios y derechos establecidos en la Constitución.

Principio de separación de poderes:

Este principio establece que el poder del Estado se divide en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Cada una de estas ramas tiene funciones y competencias específicas, y ninguna de ellas debe concentrar todo el poder. La separación de poderes busca evitar el abuso y garantizar el equilibrio y la limitación del poder estatal.

Principio de legalidad administrativa:

Este principio establece que la administración pública debe actuar de acuerdo con la ley y los procedimientos establecidos. La administración debe respetar los derechos de los ciudadanos, actuar de manera imparcial y motivar adecuadamente sus decisiones.

Principio de igualdad:

Este principio establece que todas las personas son iguales ante la ley y deben recibir el mismo trato por parte de las autoridades. Se prohíbe la discriminación y se busca garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Principio de publicidad:

Este principio establece que las actuaciones y decisiones del Estado deben ser transparentes y accesibles para los ciudadanos. La publicidad garantiza que los actos del Estado puedan ser conocidos y controlados por la sociedad, y contribuye a prevenir la corrupción y el abuso de poder.

Principio de responsabilidad:

Este principio establece que el Estado y sus agentes son responsables de sus acciones y deben responder por los daños o perjuicios causados a los ciudadanos. El principio de responsabilidad implica que el Estado debe reparar los daños causados por su actuación y tomar medidas para prevenir futuros perjuicios.

Principio de imperio:

Establece que cualquier relación que exista entre el Estado y los ciudadanos se ha de ejercer desde la desigualdad, ya que, debido a la superioridad del Estado, este cuenta con una potestad pública. Es decir, el Estado es la autoridad.

Principio de motivación:

Las decisiones de los organismos de Estado deben fundamentarse en derecho, de tal modo que no exista ningún tipo de arbitrariedad o abuso de poder.

Principio de seguridad jurídica:

La normativa debe ser del pleno conocimiento de los ciudadanos para que puedan conocer cómo han de relacionarse con el ente público. Esto hace referencia a la publicación de normas.

Estos son solo algunos ejemplos de los principios rectores del derecho público. Estos principios varían en su formulación y aplicación en cada sistema jurídico, pero en conjunto, buscan garantizar un Estado de derecho, el respeto a los derechos fundamentales y el buen funcionamiento de las instituciones estatales.