Artículo 40 de la Constitución Española
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Explicación del artículo 40 de la Constitución Española
El artículo 40 de la Constitución Española de 1978 establece lo siguiente:
«Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo.»
Este artículo señala que los poderes públicos (Estado y autoridades competentes) tienen la responsabilidad de promover las condiciones propicias para el progreso social y económico en España. Esto implica que deben adoptar medidas y políticas que fomenten el desarrollo económico y social del país.
Asimismo, el artículo hace hincapié en la importancia de una distribución más equitativa de la renta regional y personal. Esto significa que los poderes públicos deben trabajar para reducir las desigualdades económicas y sociales entre diferentes regiones del país y entre las personas.
Además, el artículo establece que los poderes públicos deben llevar a cabo una política orientada al pleno empleo. Esto implica que se deben promover medidas y políticas destinadas a lograr una situación en la que todas las personas que deseen trabajar puedan acceder a un empleo digno y de calidad.
En resumen, el artículo 40 de la Constitución Española establece la responsabilidad de los poderes públicos de promover el progreso social y económico, una distribución más equitativa de la renta y una política orientada al pleno empleo.