Artículo 9 de la Constitución Española

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.»

Este artículo establece los principios fundamentales de sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, así como las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos para promover las condiciones de libertad, igualdad y participación ciudadana.

En primer lugar, se establece que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esto implica que todos, tanto los ciudadanos como los órganos de gobierno, deben actuar en conformidad con la Constitución y respetar el marco legal establecido.

El artículo también establece que es responsabilidad de los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos sean reales y efectivas. Esto implica la eliminación de obstáculos que dificulten la plenitud de estos derechos y la facilitación de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Además, el artículo garantiza varios principios fundamentales del Estado de Derecho. Estos incluyen el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la prohibición de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos.

En resumen, el artículo 9 de la Constitución Española establece los principios de sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico, así como las responsabilidades y obligaciones de los poderes públicos para promover la libertad, la igualdad y la participación ciudadana. Además, garantiza los principios fundamentales del Estado de Derecho.