Artículo 102 de la Constitución Española
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
Explicación del artículo 102 de la Constitución Española
El artículo 102 de la Constitución española establece disposiciones relacionadas con la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno.
A continuación, se detallan los puntos clave de este artículo:
- La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno y los demás miembros del Gobierno puede ser exigida, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Esto implica que, si se sospecha o se acusa a algún miembro del Gobierno de haber cometido un delito, especialmente relacionado con el ejercicio de sus funciones, la jurisdicción correspondiente será la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- Sin embargo, si la acusación es por traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo puede ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta de dicha Cámara. Esto significa que para acusar a un miembro del Gobierno de traición o un delito contra la seguridad del Estado, se requiere un nivel más alto de respaldo y aprobación parlamentaria.
- El artículo establece que la prerrogativa real de gracia, que es el poder del Rey de otorgar el perdón o la conmutación de penas, no se aplicará en ninguno de los supuestos mencionados en este artículo. Es decir, en casos de responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno, la prerrogativa real de gracia no puede ser utilizada para otorgar perdones.
En resumen, el artículo 102 establece que la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno puede ser exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones requiere iniciativa parlamentaria y aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. Además, la prerrogativa real de gracia no se aplica en estos casos.